Desde a cuesta, con el corazón acelerado y sudando frío, Reynaldo Puma contempló la masacre del último lunes en Juliaca, uno de los pueblos de la sierra sur peruana que se alzó contra el Gobierno de Dina Boluarte. En la avenida Independencia -símbolo número que puso el destino-, en los exteriores del aeropuerto Manco Cápac, distinguir entre la lucha desigual: de un lado, escudos, cascos, bombas, y armas; del otro, palos, piedras y hondas. Podía preverse claramente el unlace.
Puma no se vio a bajar. Menos cuando, en medio del humo ácido de las bombas lacrimógenas, comenzó a escuchar ráfagas de fuego. Sintió un escalofrio. Grabó una antigua matanza en el mismo lugar. En junio de 2011, seis juliaqueños perdieron la vida en su intento por tomar el aeropuerto. Su preguntó: la recuperación de un río afectado por la minería informal. Pero esta vez supo al primer balazo que a sus paisanos pudo irles peor. Y no se equivocó. Fueron 17 los manifestantes que llegaron tarde. Sumó luego a un joven de 15 años que agonizó durante tres días.
Puma es periódico. Ha cubierto casos policiales y, por lo tanto, varios crímenes. Podría decidir que es curtido en la desgracia. Que el oficio le ha construido una coraza de hierro. Pero ese lloró lunas. Vio cómo el Carlos Mongue Medrano fue convirtiéndose en un hospital de guerra. Como los cuerpos desangrados iban llegando a motocargas, triciclos e incluso motos lineales. La escena que lo hizo flaquear fue cuando un médico saltó sobrio de una cámara e intentó revivir un cadáver. Le dio los primeros auxilios, pero no volvió a respirar. Horror es la palabra que más se repite al otro lado del teléfono. “No fue un enfrentamiento”, resume el reportero de radio Pachamama.
De los 52 heridos de la provincia que miran hacia el Lago Titicaca, tres todavía se encuentran en la unidad de cuidados intensivos por un coma inducido debido a la gravedad de sus lesiones. José Danilo Gutiérrez, de 19 años, recibió un disparo en la espalda que comprometió el intestino grueso y el colon. Su única familia es su tía materna Luz Enríquez que, como a las otras familias, solo le queda la impotencia de esperar. Cuándo despertará, pero sobre todo en qué estado. “No es justo que nos maten como si fuéramos animales. Me siento frustrada, con rabia. No sabemos cuánto tiempo durará su rehabilitación”, lamentó.
Al día siguiente de esta película de terror, el pueblo de Juliaca emerge una grandeza por encima de sus autoridades. La Asociación de Funerarias de la provincia de San Román donó ataúdes para cada una de las víctimas.
Estos mismos martes, el Ministerio del Interior di a conocer que un policia de la zona habia sido calcinado por una turba de protestantes, en Juliaca. Se traficaron del suboficial José Luis Soncco Quispe, de 29 años. Lo que siguió después fue tan inhumano as Taking the fuego a una persona. En primer lugar, verán en todo el conflicto -que se inicia con la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre y la sucesión de Dina Boluarte-, la mayoría de medios de abandonados de informar sobre los impactos colaterales de las protestas (cuántos millones se pierden todos los días por el bloco de carreteras, cómo afecta al turismo, las minas suspenden sus operaciones) para preocupare por los muertos. Para uno en particular. En esta línea, el diputado Jorge Montoya propone declarar a José Luis Soncco mártir de la Policía Nacional y la defensa de la democracia.
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Buscaron tiene a sus padres, campesinos de la comunidad de Qolliri, en Cañas. Entre sollozos, Eulogio Soncco, el papá, dijo una frase por la que los canales dejaron de darle pantalla a la velocidad de la luz: “Por culpa de esa presidenta, los peruanos estamos matándonos”. Durante el funeral, don Eulogio no descartó exhumar el cuerpo para realizarle una prueba de ADN y certificar que se trata de su hijo.
La tragedia fue trasladada en Cusco a mitad de semana. El saldo fue una treintena de heridos y un desaparecido. Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, fue fulminado con un paro en el tórax. Su despedida, como ocurrió con los fallecidos de Juliaca, fue multitudinaria. Incluso el club de fútbol Cienciano del Cusco envió públicamente condolencias a sus familiares. Para Josue Marocho, presidente de la Asamblea regional de jóvenes del Cusco, no es una casualidad la muerte de Candia. Sospecha que era un objetivo de las fuerzas del orden. “A un representante de la provincia de Paruro también la desaparición, pero pudo recuperarse. Los dos eran directos, cabezas de organización”, señala.
La organización que dirige Marocho tiene bases en las 13 provincias del Cusco y agrupa a jóvenes entre los 15 y 29 años. Cuenta que sus miembros se han concentrado en la capital del Cusco y actualmente son 25.000, por lo que han tenido que hacer ollas comunes, colectas para poder alimentarse. “No somos vándalos. Desde que inició el paro han tratado de manchar protestó. Ya no estamos en democracia. La democracia es una pantalla para justificar los asesinatos”, agrega. Según la Defensoría del Pueblo son 49 los desaparecidos, 41 de ellos producto de la represión de las Fuerzas Armadas. Y podría ser más: Rosalino Flores, estudiante de 20 años, lucha entre la vida y la muerte al ser impactado por 36 perdigones en el torso. Solo han podido extraerle nueve.
La diputada cusqueña Ruth Luque fue condenada penal y constitucionalmente a Boluarte ya un grupo de sus exministros por las muertes de los manifestantes. Luque sostiene que el camino hacia y la unidad y la paz no se puede conseguir con balas. “Es necesario comprender que en el marco de toda esta protesta existen actores genuinos. Me refiero a las comunidades campesinas quechuas y aymaras que se sienten desde distintas maneras que ha generado una vulneración a su derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad e incluso la necesidad de aspirar a la verdad y la justicia”, dice.
Luque tiene una teoría que también han esbozado otros analistas: que el descontento de la zona sur del Perú, al que Lima mira por encima del hombro, radica en la salida del poder de un hombre con el que se identificaban. “Fue un voto de reindicación el que Cusco le dio a Pedro Castillo, un profesor, campesino y rondero. Como me lo describieron: ‘uno igual a nosotros’, cuenta. “Más allá de la culpa de Castillo y de su círculo corrupto, para un gran sector de nuestros compatriotas significa que el arrebataron una esperanza a sus reclamos ya su exclusión”, añade.
El último viernes, la presidenta Boluarte ofreció un discurso a la nación, donde pidió perdón, pero a su vez minimizó el clamor de la ciudadanía. Y dejó claro que no piensa en renunciar a su cargo. “Gobernaré para los millones de Perunos, no para ese grupo minúsculo de sectores extremistas que incendian y destroyel el país”, remarcó la mandataria, que estos días se reunió con una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama no es alentador. Los colectivos encajan organizándose para seguir las protestas, esta vez para ser escuchados en Lima.
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