La nueva ley de inmigración en Francia, adoptada el martes con los votos de la derecha y la extrema derecha, ha abierto una de las mayores crisis en las filas de Emmanuel Macron desde que el presidente llegó al poder en 2017. Las medidas más represivas, como el endurecimiento del acceso de los extranjeros a las ayudas sociales, cuestionan algunos principios que, durante años, el centrista Macron ha defendido con firmeza. Destacados diputados del bloque presidencial votaron en contra de la versión final del proyecto, una rebelión en toda regla contra el presidente. Según el diario Le Monde, varios ministros amenazaron con dimitir.
La ley, tras horas de suspense, finalmente se adoptó en la Asamblea Nacional por 349 a favor y 186 en contra. Se habría adoptado igualmente si no se tuviesen en cuenta los votos de Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN). Era la condición que el presidente había puesto para promulgar la ley. Pero el resultado no evita una foto –él y su adversaria más feroz en el mismo bloque– que sus oponentes le recordarán durante tiempo.
El voto a favor de Le Pen fue un regalo envenenado para Macron. Sabía que le incomodaría. Y que, pese a que inicialmente era contraria al proyecto, le permitía a ella declararse vencedora y afirmar que sus ideas se habían impuesto.
“Nos enfrentamos a una burda maniobra del RN”, denunció la primera ministra, Élisabeth Borne, a los diputados de su grupo, según filtraron varios medios. Quería convencerles de que, pese a ese apoyo, votase a favor del texto. “No caigamos en la trampa”, exhortó. Ante el hemiciclo, el ministro del Interior, Gérald Darmanin defendió que en la ley hay elementos progresista, como la regularización de 10.000 sinpapeles más cada año.
La izquierda acusa al presidente de abrazar los postulados de la extrema derecha de Le Pen, quien celebró el acuerdo como “una victoria ideológica” de su partido, favorito para ganar las elecciones europeas de junio. Hay una dimensión europea en este forcejeo parlamentario, que coincide con la negociación en Bruselas de un pacto migratorio para la UE.
Le Pen también expresó su “agradecimiento” a la izquierda, pues la izquierda, junto a la derecha y la extrema derecha, rechazó hace una semana debatir el proyecto en la Asamblea Nacional. Y así dejó el texto en manos de la derecha y los macronistas. Una versión más represiva de la ley se había adoptado en noviembre en el Senado. El 10 de diciembre llegó a la Asamblea Nacional, donde los macronistas forman el bloque con más diputados, pero no llegan a la mayoría absoluta. Los macronistas esperaban suavizar ahí la versión de los senadores. Pero saltó la sorpresa. La izquierda, la derecha y la extrema derecha en la Asamblea Nacional unieron sus votos para adoptar una “moción de rechazo” que impidió que el proyecto llegase siquiera al hemiciclo para que se debatiese. De ahí que se convocase una comisión paritaria de 14 miembros, senadores y diputados.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Así, esa versión final, más dura, se adoptó este mismo marte por el Senado, dominado por la derecha de Los Republicanos, con 214 votos a favor y 114 en contra. Más tarde fue a la Asamblea. Había poco suspense en el Senado: el texto respondía a las demandas de Los Republicanos. La incógnita era la Asamblea. El ala socialdemócrata del macronismo no estaba nada contenta: 27 diputados de la mayoría votaron en contra
El diputado socialista Boris Vallaud declaró antes de la votación: “Espero que en rangos de la mayoría haya hombres y mujeres de principio para rechazar esta componenda.” “Será ajustado”, vaticinaba por mensaje telefónico, entre reunión y reunión, el diputado macronista Patrick Vignal. “Que el Reagrupamiento Nacional vote a favor hace que una parte de mi mayoría recule”.
El texto, según denuncia la izquierda y celebra la propia Le Pen, incluye un concepto históricamente clave para el RN y su antecesor, el viejo partido ultra Frente Nacional. Se trata de la llamada preferencia nacional. “En esta ley”, dijo Le Pen en declaraciones a la prensa, “está inscrita la prioridad nacional, la ventaja para los franceses respecto a los extranjeros presentes en el territorio al acceso de prestaciones sociales.”
Le Pen y quienes acusan a Macron de haber asumido esa preferencia nacional aluden a los artículos que exigirán a los extranjeros, aunque tengan papeles, pasar dos años y medio trabajando en Francia, o cinco años sin trabajar, para poder acceder a algunas ayudas sociales.
La alternativa para Macron y sus diputados habría sido renunciar al texto. Pero supondría admitir la incapacidad para legislar.
Ninguna solución parecía buena para Macron, sin mayoría absoluta parlamentaria y con un margen de maniobra reducido para gobernar. Lo constató con el primer gran proyecto tras la reelección en 2022: la reforma de las pensiones. Si se aprobó, fue gracias al uso del decreto. Ahora lo vuelve a comprobar con el segundo gran proyecto del quinquenio: la ley migratoria. Era un texto que pretendía un equilibrio entre medidas conservadoras y progresistas. Planteaba facilitar la expulsión de Francia de extranjeros considerados peligrosos. Al mismo tiempo, promovía la regularización de inmigrantes sin papeles que pudiesen trabajar en sectores con escasez de mano de obra.
Aunque se ha aprobado la ley, su tramitación ha cuestionado la esencia del macronismo, que se proclama ni de izquierdas ni de derechas, o tanto de izquierdas como de derechas, y que, en las presidenciales de 2017 y en las de 2022, ha evitado la llegada de la extrema derecha al poder. Sin embargo, ahora habrá una foto fija de sus diputados votando junto a Le Pen. Y votando no una ley cualquiera, sino una que atañe al tema predilecto de la extrema derecha: la inmigración.
Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_
