«Si Inspección no funciona los derechos se Caen»: los Inspectores irán a la huelga indefinida del 26 de junio si no hay refuerzos | Economía

Se agota la paciencia de los trabajadores de Inspección de Trabajo. Hace casi dos años que alcanzó un acuerdo por el que el Gobierno se comprometió a reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones laborales, pero de momento no se ha cumplido. En los últimos meses han protestado con paros puntuales y concentraciones, sin que hayan surtido efecto. Este martes han confirmado lo que vendrán advirtiendo en las últimas semanas: elevando la intensidad de la protesta, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 de junio si el Ejecutivo no cambia su posición. “Ha llegado el momento de tomar decisiones serias. Por mucha legislación que establezcamos, sin nosotros todos los derechos laborales quedan al albur de los empresarios. Estamos cansados ​​de que nos agradezcan el trabajo que hacemos sin escuchar”, ha indicado Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS y USESSS.

UPIT, que también se suscribió al calendario de huelgas, es el único que ninguno ha participado en la rueda de prensa porque ve cerca la posibilidad de un acuerdo. “El ministerio no nos informa de todo lo que queremos, pero sí de que está teniendo reuniones de alto nivel y que esto está cerca de cerrarse. María José Díaz, portavoz de este sindicato.

Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, departamento del que depende Inspección. Este texto, confirmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece precisamente estos objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. «Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación», especifica el texto. Sin embargo, no hay avances desde entonces, dicen los sindicatos, porque Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras pactadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada la Función Pública). El primero depende de Unidas Podemos y el segundo del PSOE.

Josetxo Gándara, de CC OO, ha asegurado que ese acuerdo era «solo» un «primer escalón» para mejorar la situación de Inspección, «pero no es maravilloso». Por ello, ha sido tan crítico al denunciar su “temor” a que en las conversaciones de Trabajo y Función Pública quede diluido. «No sabemos nada de esos posibles cambios. Hay una absoluta falta de información y queremos dejar claro que no queremos renegociar nada”, ha añadido, antes de explicar que Inspección cuenta con 3.100 trabajadores y necesitaría al menos 4.500 para operar convenientemente. “En España hay un inspector o subinspector cada 15.000 trabajadores, mientras que la Unión Europea media y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000″, ha añadido Ana Ercoreca, de SITSS. Nos parece muy raro que este ministra no nos tome en serio y no consiga que esto funcione. Seguiremos movilizándonos hasta que nos hagan caso”, ha insistido la representante de UGT, Francisca Calvo.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, destacó en una calle de tomar la semana pasada que una de las prioridades de Trabajo es «reforzar» la Inspección, «que está haciendo una labor encomiable en muchos aspectos, como en materia de falsos autónomos, con resultados espectaculares». “ Como vamos a reforzar la plantilla de la Inspección con más de 600 efectivos nuevos. El presupuesto que el Estado dedica a la Inspección de Trabajo ha crecido desde 2020 más de un 40%”, indicó, destacando también la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar. Esos dos centenarios de efectivos sirvieron para desconvocar un paro, pero la falta de déarrollo del acuerdo global reactivó las protestas. Fuentes de Función Pública incidieron entonces en el mismo mensaje que Trabajo y señalaron que las plazas de oferta de empleo público se han duplicado en la última convocatoria con respecto a la anterior. Los sindicatos no confían en que esas ofertas fructifiquen en mejoras rápidas.

El calendario de huelgas establece paros diarios de una hora desde este martes, que discrepan en intensidad poco a poco. Si no hay acuerdo, se convierte en paro general desde el 26 de junio.

denuncia

La mayoría de los sindicatos que representan en la plantilla de Inspección de Trabajo presentaron un demarzo final una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por este conflicto. Los denunciantes creen que el Ejecutivo español incumple el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2021, y también el real decreto ley de 2020 que incluye medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, conectadas con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas normas se recogían mejor en el ente público que, de momento, no se han materializado.