febrero 23, 2024

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Anticorrupción acusa al BBVA de entorpecer la investigación del ‘caso Villarejo’ | Economía

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Sede de BBVA, ubicada en el madrileño distrito de Las Tablas.pablo monge

Nuevo varapalo de la Fiscalía Anticorrupción al BBVA en el Caso Villarejo. Los dos tax del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, han presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan la prórroga, otros tres meses más, de la investigación sobre las irregularidades en los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo para la entidad financiera, que se imputa en la causa como persona jurídica. Los representantes del ministerio público esgrimen que la investigación debe continuar porque algunas diligencias no se han podido hacer supuestamente por la actitud del banco, al que acusa de habiter aportado «parcial información y sesgada», entregado correos electrónicos «incompletos» y dificultado «cada intento de recabar las pruebas”, que se cobijó en diciembre de 2018, es “agotada”.

Non es la primera vez que Anticorrupción cargo contra el BBVA por lo que considera una supuesta falta de colaboración en la causa. En julio de 2021, en otro escrito para solicitar la prórroga de la investigación, la taxía ya apuntaba que la supuesta colaboración que el BBVA aseguraba estar prstando en las pesquisas no era real. Entonces, los tax admitían que la condition de investigada de la entidad impedía «que se le pueda necesitar a que presente los datos, pues se encuentra amparada por su derecho de defensa», pero también destacó que en todos los escritos que presentan sus abogados se recalcaba «su voluntad de colaboración que (…) resulta, si no incierta totalmente, sí sesgada e interesada». En este caso, el ministerio público destacó entonces que en la documentación que el banco había entregado una instancia del juez faltaban archivos y, en otros, no tenían los metadatos informáticos necesarios para “realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta la actualidad”.

En este nuevo escrito, Anticorrupción repite parte de esos argumentos. Así, la Fiscalía detalla que entre las diligenencias que no se ha podido practicar hasta ahora y que justifican que prorrogue la instrucción de la causa, está la petición de nueva documentación al BBVA que en su momento debió haber entregado la consultora PwC, autora del informe forense sobre los contratos, y que no se hizo porque se aseguró que la había detruido. El ministerio público incide en que esta destrucción «se realizó sin previo aviso alguno» e impidió que se realizaran varias diligencias y acordadas. Por ello, pide a la entidad financiera qu’entregue aquellas evidencias ya que, según PwC, es el único que las tiene en su poder. “Aunque nos contremos ante el derecho de defensa, la circunstancia de occult y/o entorpecer pruebas, no solo supone obstaculizar la correcta finalización del procedimiento, sino que puede dar lugar a la adopción de medidas investigativas”, recalca el escrito.

Anticorrupción insiste también en que es necesario prorrogar las pesquisas para que el BBVA dérespuesta a los oficios librados para que amplíe la información facilitada hasta ahora sobre una cuenta de crédito ordinaria vinculada al comisario Villarejo. En este punto, la Fiscalía, como ya hizo en julio de 2021, admite el derecho del banco a no presentar aquellos datos que perjudiquen su defensa, pero recalca que la información dada hasta ahora sobre este punto ha sido «parcial y sesgada».

Por último, el escrito recuerda que es necesario esperar a que la incorporación a la causa informees ampliatorios del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) sobre documentación. Lo hace después de que considere probado que el banco no aportó todos los correos electrónicos que requerían y, en concreto, uno intercambiado por el directivo del BBVA Antonio del Campo y el que fuera jefe de control interno, Eduardo Arbizu, en el que Supuestamente primeramente informada fue la última, en septiembre de 2017, de la relación que existía entre el grupo Cenyt, empresa a la entidad había pagado 10,3 millones de euros por distintos trabajos, y el comisario Villarejo.

Anticorrupción concluyó que el banco «en su ejercicio del derecho de defensa, dificulta cada intento de recabar las pruebas» y, por tanto, consideró que su decisión de pedir la prórroga de la causa está justificada. «Cerrar la instrucción antes de ejecutar las mismas [diligencias] podría ser una puerta a la impunidad”, señala antes de pedir al juez que prorrogue la investigación judicial de la causa otros tres meses “con el firme propósito de que pueda ser la última”. Sin obstinación. la Fiscalía ya abierta la posibilidad de pedir en el futuro: «Ello salió de la celeridad con que se ponga la documentación a disposición del juzgado y las partes».

El juez hace suyos los argumentos de Anticorrupción en el auto en el que ordena prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de abril. «Debemos concluir que, aunque ha habito un importante uso de diligencias practicas, lo que evidencia que nos hallamos ante una pieza dinámica, activa y compleja, la prolongación temporal de la pieza está más que justificada, a la vista [del] Ingente volumen documental con lo que nos encontramos”.

La policía desencripta nuevos documentos de Villarejo

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional elevó a la Audiencia Nacional el pasado 18 de enero un nuevo informe que informa al juez Manuel García-Castellón de que recientemente había superado «las dificultades técnicas» que hasta ahora había tenido para acceder a algunos archivos informáticos intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando fue detenido, en noviembre de 2017. En concreto, se trata de archivos de datos de Outlook (cuyo formato es .pst) y que contienen mensajes y otros elementos de este programados. Así lo detailla Fiscalía Anticorrupción en el escrito en el que pide al magistrado que prorrogue la investigación de la pieza sobria los trabajos del policía para el BBVA. Según explicó el Ministerio Público, parte de estas contraseñas de acceso presentaban y estaban encriptadas, por lo que el acceso a ellos les permitiría conocer “diferentes correos electrónicos pertenecientes a los investigados y personal integrado en Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo. Anticorruption destaca que esta «completa documentación en formato digital» aún está pendiente de ser analizada por la policía, pero augura que su contenido será «sin duda, de interés para el conjunto de la investigación».

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