mayo 18, 2024

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Así es la nueva PAC: más verde, profesional y redistributiva | Economía

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Impulso a las políticas verdes; más requisitos medioambientales; más controles y recortes en el uso de fertilizantes; o más apoyo a los jóvenes, mujeres y, en conjunto, a los activos profesionales del sector. Estos son algunos de los ejes más importantes del Plan Estratégico negociado en los dos últimos años por el Ministerio de Agricultura con todos los interlocutores sociales y económicos, y al que se sumó, sobre la bocina y entre críticas, el Ministerio de Transición Ecológica. Tras recibir el visto bueno de Bruselas el pasado mes de agosto, España aplica desde el 1 de enero de este año la nueva Política Agrícola Común (PAC), que estará en vigor hasta 2027.

La ejecución del plan supone la disponibilidad de un fondo anual estimado en uno de 4.800 millones de páginas directas que, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, es un segmento de rentas que sustenta la estabilidad de los insumos del sector. From cada 10 euros de estos fondos, seis euros se irán a yudas básicos a la renta y al pago redistributivo; 1,4 euros para ayudas asociadas a diferentes producciones; 2,3 euros por ayudas agroambientales a través de los ecoregímenes y 20 céntimos como pago complementario a los jóvenes. A esta cifra suman más de 500 millones en programas sectoriales y otros 1.700 millones por vía del desarrollo rural para digitalización e innovación.

Para aplicar este plan, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado un amplio programa legislativo, histórico por su volumen, con una Ley sobre Gestión de la PAC y 18 reales decretos ley de carácter general y sectorial. La gran mayoría ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los textos versan sobre multitud de materiales: desde la gestión de las ayudas a las exigencias en el uso de productos fito o zoosanitarios, pasando por el control de la densidad de animales en el porcino, una cuestión que levantó espinas el año pasado debido a las macrogranjas. Este conjunto de disposiciones para una nueva política agraria solo es comparable al paquete legislativo aplicado por Atocha en los años setenta, en plena transición democrática.

Con el Plan Estratégico en su conjunto, la ejecución de la política agraria para los agricultores y ganaderos también se ha hecho más complejo: contempla unos mayores controles y, con respecto al campo, mayores exigencias con limitaciones sobre el empleo de algunos de los medios de producción, así como disponer de mayor información sobre la explotación a través del cuaderno digital. Unas demandencias que, de acuerdo con una gran parte de los afectados, tienen dificultad para cumplir si en paralelo no se avanza en otra política de asesoramiento e información.

Requisitos

Uno de los puntos básicos del nuevo reglamento, además de la política verde, es la normativa sobre quiénes son los destinatarios prioritarios de las ayudas de la PAC. Para acceder, de entrada, hay que tener la calificación de «agricultor»: una persona —o empresa— titular de una explotación, que déarrolla la actividad directamente o bajo encargo y que asuma el riesgo de la explotación. Quedan fuera de la lista tierras como las grandes superficies ligadas a aeropuertos, campos deportivos o de inmobiliarias.

A la definición de agricultor se le une la «actividad», que supone estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social o que sus ingresos procedentes de la actividad agraria supongan al menos el 25% de sus ingresos totales. Para la norma, un agricultor se considera activo automáticamente si sus cobros superaron los 5.000 euros el año anterior. Esto abre la puerta a una agricultura a tiempo parcial, importante en algunas zonas, dando entrada a no profesionales.

SIDA

Las ayudas varían en función de los distintos tipos de cultivo, y de cada una de las zonas en la halla dividida el territorio, ya se trate de secos, regadíos, pastos o cultivos permanentes leñosos. Además, contempla el pago redistributivo o un pago complementario para las pequeñas y medianas explotaciones en función del tamaño de las mismas y la zona donde estén ubicadas por una importación global estimada en alrededor de 500 millones.

En la nueva normativa, el número de regiones pasará de 50 a 20, y se dará un sistema de convergencia de los derechos de pago entre activos en esta región agronómica. Este sistema consiste en aproximar las importaciones de los derechos de pago que tiene cada agricultor a la media de cada una de sus regiones. Para 2026 les pages más bajos serán como mínimo el 85% de la media, y para 2029 llegarán al 100%.

A partir de un pago directo de 60.000 euros, se aplica un sistema de reembolsos progresivos: 25% para cobros hasta 75.000 euros, 50% para cobros entre 75.000 y 90.000 euros; del 85% para cifras entre los 90.000 y los 100.000 euros y del 100% a partir de esta cifra. Sin embargo, sus posibles cobros superiores -siempre con un techo de 200.000-, si se deducen gastos en mano de obra en la explotación.

Habrá partidas específicas para sectores y colectivos concretos: como apoyo al relevo generacional se contemplan ayudas por un volumen de 220 millones al año para los jóvenes qu’incorporate a la explotación, además de otras medidas existentes y qu’incrementan en un 15% si se se trata de una mujer. Para ayudar a producciones como apicultura o vino —y, por primera vez, el olivar— se destinarán 600 millones. Y se han aprobado hasta 700 millones para sectores con riesgos de vulnerabilidad, como las cabañas ganaderas de vacuno y ovino, o el algodón y la remolacha.

Política Verde

Una de las grandes novedades de la nueva PAC es la renuncia a las exigencias climáticas y del medio ambiente. Estas suponen un paso adelante en relación con la anterior política verde, y los agricultores y ganaderos deben cumplirlas para acceder a los pagos directos. Se concretan en una decena de las denominadas Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales, las BECAM. Entre otras cosas, se refieren al mantenimiento de los pastos, la protección de humedales, el control de la quema de rastrojos —salvo autorización—, la cobertura mínima de los suelos o el mantenimiento de franjas de protección de cinco metros junto a los ríos , entre otros costes, para evitar los vertidos de residuos de fertilizantes.

Además, se requiere tener un plan de suscripción, para reducir la mano de obra para frenar la erosión y la pérdida de suelo fértil —que cada año es de unas 25 toneladas por hectárea, según la Asociación de Suelos Vivos—, así como la rotación y diversificación de cultivos para mejorar pieles. Estas últimas estarían exentas de cumplimiento en 2023, ante las medidas adoptadas por la UE par denarre los efectos derivados de la invasión de Ucrania, y tampoco se cumpliría para explotaciones con menos de 10 ha

Para animar a los agricultores y ganaderos a resumir a la nueva arquitectura verde de la PAC, la normativa incluye incentivos económicos, denominados ecoesquemas. Es una de las novedades más importantes sobre la política verde marco, y supone el 23% del total de las páginas directas, por un valor de 1.100 millones de euros. La norma contempla hasta nuevas actuaciones ambientales voluntarias que permiten acceder a una ayuda complementaria por hectárea de entre 40 y 165 euros: dos corresponden al pastoreo, tres a rotaciones de cultivos y siembra directa y cuatro al mantenimiento de cubiertas vegetales en terrenos con Pendiente diferente.

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