Fue en el Congreso cuando se expropió la empresa en 2012. Ya destinó US$ 5.000 millones y falta otro desembolso. La cifra final podría ser incluso mayor.
Aunque todavía no está definido el monto exacto, el Estado nacional tendrá que pagar -nuevamente- millas de millones de dólares por la forma en que expropió YPF. Será el segundo deembolso. El primero fue hecho a la española Repsol y fue de US$ 5.000 millones.
Hace casi 11 años, cuando se expropió YPF, el exministro de Economía Axel Kicillof (actual gobernador de la provincia de Buenos Aires) se mofó de los US$ 10.000 millones que se podrían llegar a pagar por la expropiación.
«No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son US$ 10,000 millones ¿Y eso dónde está?», desmintió Kicillof en su paso por el Congreso. Entre los US$ 5.000 millones que tiene suscrito Repsol y los miles de millones que estarán suscritos en 2024, se dirá que Kicillof negó -los US$ 10.000 millones- podría estar en el rango final o incluso serada.
«Los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podemos conocer los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba», dijo el ex ministro , que -además- dijo una posible deuda por daños ambientales.
«Sólo desde adentro conoceremos características son los pasivos ambientales, que con seguridad muchos de ellos no han sido expuestos en sus libros contables, en sus balances», afirmó.
Julio De Vido, el ex ministro de Planificación (dos veces condenado a prisión por diferentes actos de Gobierno), estaba junto a Kicillof en esa exposición. “Repsol va a aguantar que pague por el daño ambiental. Estamos haciendo un relevamiento”, aventuró.
“El valor lo va a determinar el Tribunal de Tasación, y ése va a ser el valor que corresponde”, afirmó Kicillof en su instancia. “Después, él (by Antonio Brufau, el titular de la petrolera española Repsol) puede reclamar donde quiera, denunciarlo ante el Banco Mundial, el FMI, el FBI o la CIA”, contraatacó.
El juicio que perdió Argentina en primera instancia en Estados Unidos es un coletazo de la política que siguió a Néstor y Cristina Kirchner respecto de YPF y que no comenzó con la expropiación de la petrolera en 2012, sino mucho antes. El kirchnerismo se tomó varios años para conseguir el control de la petrolera argentina y, en el proceso le costó millas de millones al Estado.
En 2008, a instancias de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- adquirió el 14% de YPF por US$ 2.000 millones. Para esta operación usan dos sociedades qu’arman en España: Petersen Energy y Peterson Inversora. La mitad del monto se paga con un credito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado solo con las acciones de la petrol. Los otros US$ 1.000 millones de dólares los benefician la propia Repsol a los Eskenazi, quienes plantan solvento con los dividendos consiguieran de la explotación de YPF. .
En mayo de 2011, los Eskenazi aumentaron un 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propiedad Repsol.
Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropió en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país.
