El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha acusado a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que las organizaciones imponen a las empresas al suspender de forma cautelar «todas y cada una» de las multas e impedir, además, de esta formada que se cumpla el mandato de evitar a esas empresas sancionadas firmar contratos con la Administración Pública.
Fernández, que compara su juventud en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, denuncia que el órgano jurisdiccional ordena sistemáticamente la suspensión de la causa de las sanciones, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sancion , siempre «prima el segundo».
Por ello, no dudó en reconocer que en la actualidad las prohibiciones a empresas sancionadas por vulnerar las normas de competencia de no poder presentar ningún contrato público ni ser adjudicatarias de los mismos «no se están aplicando», bien porque esta prohibición tiene que ser aplicado por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público, o bien porque todas las empresas solicitan la suspensión cautelar de la multa. Fernández ha apuntado el derecho «perfectamente legítimo» por parte de las empresas de pedir la suspensión cautelar de las sanciones, aunque ha claro que eso significa que la Audiencia tumbe todas las multas cuando dicta una sentencia firme.
Ante esta situación, el presidente de la CNMC ha abogado porque las resoluciones que dicta la organización incluirán la duración y el alcance de la prohibición de contratar con la Administración, teniendo en cuenta el máximo de tres años establecido por ley. Esto aportaría seguridad jurídica, según Fernández, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas españolas, y supondría su vez un efecto disuasorio «immediato» en las licitaciones.
También ha apuntado que al ser la CNMC quien impone la sanción, se podrá hacer de una forma más precisa, ya que si es la Junta de Contratos Públicos qui en imponer la prohibición, esto afectará a todos los negocios de una empresa con relación a todos los asientos administrativos. Así, en caso de un conglomerado con varias áreas de negocio, la CNMC podrá centrar la prohibición solo en las áreas y licitaciones que considere oportunas. Tras saca haberdo consultado un primer documento de criterios, las organizaciones de Competencia quieren aprobar ahora una comunicación ise mismo año ya poder ser «antes del verano».
Las declaraciones de Fernández vienen a redundar en la queja histórica de la CNMC de la dificultad de aplicar con carácter inmediato las sanciones muy graves a las empresas que han formado parte de carteles. Es el caso de la sanción de 203,6 millones de euros que impuso Competencia a las seis principales constructoras españolas en julio de 2022 —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado una duración presuntamente de 25 años, entre 1992 y 2017, millas de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. La sanción comprende también la prohibición de contratar con la Administración, pero la Audiencia Nacional la suspendió cautelarmente, por lo que las empresas han seguido presentándose y ganando concursos públicos.
Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. Baste un dato para darte cuenta del fenómeno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 más de 1.153 millones de euros en sanciones a las empresas que incumplieron la legislación, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de esos cuatro euros. Pese a ello, Cani Fernández dijo que la labor de la CNMC es muy beneficiosa para el ciudadano, y puso ejemplo de que el horro total para los consumidores españoles en 2022 generado por la actividad de este organismo superó los 2.000 millones de euros con decisiones como las rebaja de las tarifas aeroportuarias o la competencia en el transporte ferroviario.
Fusiones alimentarias e IVA
Además, Cani Fernández anticipó una investigación «muy a fondo» de la fusión entre Orange y MásMóvil ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones. La CNMC fue contratada para el análisis de la operación en la Comisión Europa, pero ha admitido que habitualmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas.
No obstante, independientemente de la decisión comunitaria, Fernández ha anticipado una “colaboración muy estrecha” entre la autoridad nacional y Bruselas. Además, dejó constancia de que la CNMC analizó el mercado con la empresa Euskaltel por parte de MásMóvil y la entidad papel como regulador de las telecomunicaciones.
Fernández ha señalado que todos los escenarios son posibles a la hora de poner condiciones a la operación. Por un lado, reconoce la «máxima competencia» del sector y la erosión de los márgenes de las operadoras, así como el efecto positivo que podría tener la fusión a la hora de desarrollar infraestructuras como el 5G, uno de los argumentos defendidos por Orange y MásMóvil. Sin embargo, por otro lado, ha remarcado que la fusión puede «cambiar completamente el panorama». Además, se ha subrayado la necesidad de analizar si la unión resultará en una reducción de competencia sin posibilidad de que haya nuevas llegadas al mercado en alguno de los alrededores de la misma. La Comisión Europea tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en primera fase sobre la fusión.
Asimismo, Fernández indicó que cooperarán con las autoridades de competencia europeas en el análisis de la compra de Air Europa por Iberia aunque no han recibido notificación de la operación “aunque es posible que se esté notificando a nivel europeo”.
Posteriormente, el presidente de la CNMC confirmó que la organización está estudiando si las grandes empresas de distribución están trasladando o no la rebaja del IVA a los alimentos por su posición de dominio en el mercado. En términos concretos, se requiere informar una gran área para salvar “en que medida” la principal concentración empresarial en un territorio específico es impedir un traslado efectivo de la rebaja del IVA. El Gobierno rompió el pasado mes de diciembre una rebaja del IVA del 10 al 5% en aceites y pastas, mientras que suprimió este mismo tributo en alimentos básicos para contenido el avance de la inflación y, sobre todo, de la cesta de la compra.
Propuesta del PSOE para aguantar las multas
El PSOE a propuesto, a través de una enmienda en el Congreso, un cambio en la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones de euros y fijar en un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que Hayan participó en un cartel. También propone soportar las sanciones a las directivas, que se incrementarán de 60.000 a 400.000 euros la multa a cada uno de los que participen en la infracción.
Si finalmente se aprueba esta modificación, las empresas que caigan en este tipo de prácticas podrán ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es «muy grave». «, como es el caso de pertenecer a un cartel. La normativa vigente establece que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las tumbas entre 500.001 euros y 10 millones y las muy tumbas por encima de los 10 millones.
Sin embargo, si sucia adelante la enmienda socialista, entonces empre que pueda las multas se calcularán en función de la facturación mundial de la empresa y no la total, como está dispuesto actualmente. En este caso, los niveles de las sanciones se calculan sobre el 1% del volumen de negocios mundiales de la compañía o asociación de empresas participantes en el cartel; bajo bajo con 5% de volumen y bajo bajo con 10% de volumen.
Todo lo anterior implicaría, en muchos casos, una mayor cuantía si se compararan con las cantidades fijas de multas propuestas por el PSOE, sobre todo en los casos de infracciones muy graves. En este caso de una empresa que tiene factura a nivel mundial, por ejemplo, 1.000 millones de euros, las multas oscilan entre el millón y los 100 millones de euros. Los socialistas también plantan ampliaron el plazo general del procedimiento sancionador de la CNMC de 18 a 24 meses, pero el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasó de 2 a 3 meses, informó Europa Press.
Precisamente, el presidente de la CNMC ha pedido este jueves a la oposición que respalda las intenciones del Gobierno, que además quiere dotar a la organización de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del cuerpo y no por altos solos funcionarios (del subgrupo A1).
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