De sultanas, petróleo, fondos oportunistas y un abogado español a la fuga: la increíble historia de una disputa arbitral multimillonaria | Economía

¿Quién paga la fiesta? En la vida corriente se trata de una pregunta de lo más normal ante cualquier exceso. En el caso más espectacular del arbitraje internacional de las últimas decadentes está la clave que ha oído un embrollo que daría para una novela de John Le Carré, y qu’implica a los herederos de un sultán desaparecido, un abogado español, el estado de Malasia y un fondo multimillonario de inversión.

Ingredientes: Primero, un comercial oscuro acuerdo, en 1878, entre el sultán del archipiélago de Joló, Mohamed Jamad al Alam, con dominios en varias islas de las actuales Filipinas y Malasia, el cónsul del Imperio Austrohúngaro en Hong Kong, el barón von Overbeck y el financiero británico Alfred Dent. Los firmantes arrendaban, con derecho a la explotación de sus recursos, el estado de Sabah, una enorme porción de territorio al norte de la isla descomunal de Borneo, propiedad del sultanato.

El contrato fue renovado en años posteriores por la Compañía Británica del Imperio de Borneo y posteriormente por el propio Imperio Británico, que será subrogado con condición.

Segundo, la independencia, en 1963, de Malasia reafirmó su voluntad de explotar los yacimientos de petróleo y gas de Sabah, que suponen una cuarta parte de los recursos energéticos del país. La zona, además, tiene una inmensa producción de aceite de palma. Durante una década del Gobierno de Kuala Lumpur, se pagó una cantidad simbólica a los herederos del sultán -unos 1.200 dólares, o 1.100 euros-, ya de hacerlo en 2013. se recuperará. Un grupo armado enviado desde Filipinas -con interés en la zona en disputa-, supuestamente seguidores del autoproclamado sultán Jamalul Kiram III, había lanzado una aventura. Resultados masivos. Hubo docenas de muertos.

Tercero, ocho presuntos herederos del sultán original decidieron demanded al gobierno malasio por la vía del arbitraje internacional, al considerar que sus derechos derivaban de un acuerdo comercial. El pacto de 1878 establecía claramente que cualquier disputa futura entre las partes debía ser resuelta por el cónsul general de Gran Bretaña en Borneo. Ni esta figura existe en la actualidad, ni el Gobierno británico quiso esperar las demandas de los herederos del sultán para que el implicado en el asunto. Basándose en unas capitulaciones de paz por las que el Reino de España adquirió en 1878 los dominios de Joló -aunque ocho años más tarde, por el Protocolo de Madrid, se pasó al Reino Unido el norte de Borneo-, los herederos se dieron cuenta de la extraña pirueta para desembarcar en España su demanda de arbitraje.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido nombrar árbitro del caso al abogado Gonzalo Stampa, que desde hace 30 años está especializado en la mediación internacional. Su padre, el abogado y catedrático de Derecho Penal, José María Stampa Braun, es parte fundamental de la historia jurídica reciente de España. Defendió al director general de Seguridad, Julián Sancristobal, por el secuestro de Segundo Marey, uno de los casos básicos de la guerra sucia contra el terrorismo; el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán; a Lola Flores o Pedro Ruíz, acusados ​​de delito fiscal; a Rafi Escobedo, por el crimen de los marqueses de Urquijo; donde figuraba el dictador chileno, Augusto Pinochet, frente a la instrucción del entonces juez Baltasar Garzón.

“No hay ningún vínculo del caso con España, como bien señaló el Ministerio Fiscal, que ya advirtió en su informe de que el hecho de que en una etapa histórica ese territorio hubiera formado parte de la soberanía española no era base para considerar que los tribunales resultaran actualmente competentes ni para resolver las discrepancias del acuerdo de 1878, ni tampoco los españoles para nombrar un árbitro”, señala a EL PAÍS Josep Gálvez, abogado (abogado) en Inglaterra y Gales y abogado especializado en litigios complejos y arbitrajes internacionales.

Y cuarto, el fondo británico de inversión en litigio, Therium, lleva invertidos más de 20 millones de euros en impulsar la causa de los herederos del sultán. “Invirtiendo en la Legalidad”, “Invirtiendo en el Estado de Derecho”, “Invirtiendo en el Acceso a la Justicia”. Con eslóganes tan rotundos y nobles se definen el fondo en su página web. Un negocio en alza, que mueve ingentes cantidades de dinero en todo el mundo, y que básicamente consiste en poner el dinero necesario para impulsar un litigio a cambio de quedarse, en caso de éxito, con un porcentaje de las ganancias derivadas de la sentencia. El despacho británico que lleva la causa de los herederos del sultán acudió al fondo, al inicio del procedimiento, para asegurar la financiación necesaria.

Árbitro nómada

Gonzalo Stampa se declara competente para conocer de la causa en primera provisional laudo que fue ya impugnado por el Gobierno de Malasia, que presentó incidente de nulidad. Alegaba indefensión al no haber realizado formal y apropiadamente el emplazamiento. El mismo TSJM decidió el 29 de junio de 2021, en sentencia firme, declarar el número de Sellos y admitir de este modo el argumento de defensa presentado por Kuala Lumpur. Todo lo actuado hasta entonces era nulo, y se perjudica en varias ocasiones a Stampa que pusiera fin al arbitraje.

El abogado hizo algo más que ignorar esas órdenes. A solicitud de los demandantes filipinos, la sede del arbitraje de Madrid a Paris, después de obtener el exequatur (algo así como la homologación en una jurisdicción de las decisiones tomadas en otra). Desde la capital francesa emitió su laudo (decisión o sentencia) final, por el que concedió casi 14.000 millones de euros de indemnización a los herederos del sultán. La mitad de la reclamación inicial, pero aun así una cifra desorbitante que llamó de inmediato la atención de la prensa internacional.

“Es cierto que en ocasiones el árbitro decide trasladar la sede del arbitraje. Pero se trata de circunstancias excepcionales donde la integridad física del árbitro o de las partes pueden estar amenazadas, como existen algunos precedentes en el arbitraje internacional. En el caso de los herederos de Sulú contra Malasia es algo distinto”, señala Gálvez. “Sin duda, Stampa está actuando en su condición de árbitro, aunque sea colisionando dos jurisdicciones, la ordinaria y la arbitral.

En la actualidad, el Tribunal de Apelación de París ha anulado el laudo arbitral de Stampa, y la justicia española ha abierto un proceso penal contra el abogado, acusado de desobediencia e intrusismo profesional. La pena, en caso de condena, podría suponer hasta cinco años de cárcel. El abogado, y un grupo de más de sesenta compañeros de profesión que han escrito una carta abierta en su defensa, defiende su independencia y el principio de intervención judicial mínima en cualquier proceso de arbitraje, pero otros muchos expertos señalan que la decisión de declarar nulo de El origen del proceso es mucho más grave que una mera interferencia. «Por motivos de secreto profesional», el abogado ha declinado comentar el caso con EL PAÍS.

«En un movimiento que solo el Sr. Stampa puede explicar, desobedeció las órdenes del mismo tribunal que inicialmente lo había designado, pero que posteriormente revocó su nombramiento. Es importante destacar que, para actuar como árbitro, el Sr. Stampa solicitó inicialmente 8 millones de dólares a los ciudadanos filipinos (la única parte que participó en el arbitraje) finalmente tomó cobrando más de 2,5 millones de dólares del financiador que los respalda», confirmó el Gobierno malayo en una carta abierta dirigida al diario Expansión.

El despacho jurídico internacional Uría & Menéndez ha incorporado al equipo de consultores globales que asesora al Gobierno de Malasia.

La strategia no se frena

En un proceso similar al que algunos fondos oportunistas están llevando a cabo contra España por el litigio de las primas a las energías renovables, Terio sigue poniendo dinero con la finalidad de recuperar su inversión y reclamar la ejecución de un laudo arbitral cuya anulación aún estaría pendiente del pronunciamiento de la Corte de Casación de Francia, el más alto tribunal del país.

Mientras, el equipo jurídico de los demandantes ha conseguido activar medidas cautelares de embargo de activos de la compañía pretrolífera y gasística Malaya Petronas tanto en Luxemburgo como en Holanda. Ya lo intentaron, sin éxito, en Francia.

¿Quién paga la fiesta? Hasta el último minuto, y ante la expectativa de hacerse con un suculento porcentaje de un litigio histórico, Terio ha llevado a cabo ya varias rondas de recaudación de inversores para seguir adelante en la batalla contra Malasia.

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