El gobierno aprueba el proyecto de servicio civil, con una evaluación de la decisión como incentivo | Economía

El Gobierno ha aprobado este jueves en Consejo de Ministros extraordinarios el proyecto de ley de Función Pública, reforma contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ha contado con el downstream de los sindicatos CCOO y UGT, aunque con el recibido de CSIF. “Este texto que ahora remitimos al Congreso nos va a permitir mejorar la organización y también la estructura de la Administración, con el objetivo de prestar unos servicios públicos de calidad”, ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un video publicado en su cuenta de Twitter. Según Montero, con la aprobación de esta norma se desarrollarán los aspectos más relevantes que quedaron pendientes del Estatuto Básico del Empleado Público, en materias relativas al acceso al empleo. “Hay que, no solamente ver lo que cada uno sabe, sino cómo transferir ese conocimiento a su trabajo cotidiano”, explicó el titular de Hacienda.

Una de las novedades del proyecto tiene que ver con los procesos de evaluación del desempeño. Su enfoque se modifica, eliminando las menciones a efectos negativos para utilizarla como una medida de incentivo y de extensión de mayores prácticas en la Administración. El Ejecutivo remarcó que esta evaluación no supone el despido ni la duración de la condición de empleo público. Supone un medio de incentivo y reconocimiento a los buenos resultados, que contará con la percepción de un complemento de empeño variable, no consolidable, et sustituido al complemento real de productividad. Es decir, ahora enfoca como un sistema de reconocimiento de los buenos resultados, lo que «se notará en la carrera profesional horizontal, en la formación o en el complemento de empeño, cuya cuantía será pública». Esta norma fijará los rectores criterios de los procedimientos de evaluación del desempeño, que desarrollarán a través del reglamento correspondiente. Se tendrán en cuenta tanto los objetivos individuales como los colectivos. A esto se sumará el contexto y los recursos de cada unidad o centro de trabajo en el que se preste el servicio público.

Creación del grupo Por directiva personal

El proyecto de ley prevé la creación del Grupo B y la creación de tres Cuerpos y Escalas adscritos a este grupo (Cuerpo Técnico Informático, la Escala Técnica Medioambiental y el Cuerpo de Delineantes) tras haber alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales CCOO y UGT . La creación del grupo B y de los tres cuerpos referidos contribuirá al desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos. Además, asegúrese de que la convocatoria de procesos de promoción interna para permitirle acceso a estos cuerpos y escalas del personal oficial que cuente con la titulación correspondiente. Respecto de la directiva pública profesional y el régimen jurídico, uno de los aspectos determinantes de esta legislación, se aclaró la delimitación entre la directiva personal, funcional y laboral. A modo de ejemplo, los primeros se desempeñarán en los ministerios, mientras que los segundos lo harán en entidades públicas empresariales. Asimismo, excluir la figura del director general como directivo personal específico, al tratarse de un alto cargo que cuenta con legislación.

El proyecto de Ley de Función Pública incluirá un nuevo título sobrio derechos y deberes del personal, en el que recogene materiales como el derecho de vacaciones, los permisos o la adaptación de la jornada y el horario de trabajo. Para ello, se equiparan las parejas de hecho registrados oficialmente a los cónyuges unidos en matrimonio, lo que homologará el acceso a permisos o situaciones administrativas. Además, según la norma, será obligatorio publicar las convocatorias de ingreso en el mismo año natural que la Oferta de Empleo Público, de la que cuelguen o que finalicen los procesos selectivos con un límite máximo de dos años a computar desde la fecha de publicación de la convocatoria El contenido mínimo de las bases para todas las convocatorias también quedará fijado en la norma.

promoción de becarios

Otra medida clave es el aumento al 30% del mínimo de plazas para promoción interna, lo que se acompañará de una mayor territorialización de las pruebas selectivas y del aumento del plazo de toma de posesión. También reconocerá la movilidad para que pueda ocurrir antes de dos años y se reduzca de 10 a 4 años el período de servicios prestados necesarios para acceder a la movilidad interadministrativa. También recoge la extensión de los plazos de la reserva de puesto en la excedencia por cuidado de familiares y la posibilidad de acumulación en jornadas completas como el permiso de reducción de jornada hasta un 50% para cuidar un familiar son dos de los ejemplos. En el caso de referencia a las situaciones administrativas, el exceso voluntariamente por interés particular para reducir el plazo mínimo de cuatro a dos años. De su lado, el nuevo sistema de carrera horizontal queda clarificado con cuatro tramos definidos y el número de años de prestación de servicios en cada uno.

Se contempla un refuerzo del principio de igualdad en las Administraciones a través de un fomento de la perspectiva general. Esto trasladará a la elaboración normativa, el contenido de los temas, el teletrabajo o la desagregación por sexo de los registros o estadísticas realizadas. En el marco de la Actuación de la Administración frente al acoso por razón de sexo, typifican las faltas de acoso como faltas muy graves y se introdujo medidas para asegurar la eficacia del régimen disciplinario en casos de acoso, con el mantenimiento de las medidas cautelares aunque se suspendió el expediente disciplinario. También es de las reformas la ampliación de la protección de las mujeres en exceso por violencia de generosidad, con un mayor plazo de la reserva de puesto y la percepción de retribuciones para esos casos.

enchufismo

UGT y CCOO consideran que el texto aprobado hoy en segunda fase recoge expresamente que la ley ha de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, para garantizar el reconocimiento de sus derechos, así como los principios y elementos transversales como la igualdad, transparencia en la gestión pública y participación social. «Todo ello repercute en la realización de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía», han subrayado CCOO y UGT en un comunicado. Sin embargo, para CSIF el anteproyecto de Ley de Función Pública qu’ha elaborado el Gobierno n’guarantee la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada laboral de 35 horas, ni el teletrabajo, entre otras cuestiones. El sindicato ha denunciado que el texto llega con 15 años de traso y carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y «favorece el enchufismo» del directivo personal, según traslada a través de un comunicado.

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