Los peores temores de la banca sobre el impuesto extraordinario se hicieron realidad este miércoles. La ley que regula el sector financiero y el sector energético, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconoce en su articulado la posibilidad de convertirlo en fijo pero todos los años atrás previstos. Es decir, será el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales (en principio se celebrarán a finales de 2023) el que tenga que decidir que hace con un tributo que se ha enfrentado al Ejecutivo con los bancos y empresas de energía. Hasta el punto de que parte de las compañías tocaron ya han adelantado que recurrirán su pago en los tribunales.
“No nos extrañaría que quede el impuesto como permanente, sobre todo si continúa el Gobierno de coalición tras las elecciones”, reconocían fuentes del sector bancario colgantes las últimas semanas. Otras fuentes financieras añadieron que se trata de “una excepcionalidad en Europa que la restricción de la capacidad de apoyo a familias y empresas, además de generar inseguridad jurídica”. Estas reacciones han sido cada vez más pesimistas, especialmente tras una entrevista en noviembre en la que el presidente, Pedro Sánchez, abrió la puerta a que pudiera prolongar su validez después de 2024. Las empresas energéticas, en cambio, confían en que son tributo no se alargue más allá de los dos años previstos. El motivo es que para entonces esperan que los precios hayan vuelto a niveles más moderados. La previsión del Ejecutivo es recaudar 6.500 millones en dos años con embajadas.
La ley detalla en su texto qu’habrá qu’evaluar el cambio en función de diferentes parámetros. “En el último trimestre de 2024, el Gobierno realizó un estudio de los resultados del gravamen, y evaluando su mantenimiento con su carácter permanente de 2022, para considerar la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de intereses y un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación del gravamen”, recoge el BOE.
La norma, en origen, no surgió esta excepción para decidir si es conveniente mantener en el tiempo el tributo. Ni en el caso de la banca ni en el de las energéticas (sí estaba en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas). Un añadido que repite de forma casi idéntica en el desarrollo de la tasa extraordinaria a las firmas de energía, aunque con algunas matices. Se mantiene la evaluación para el mismo momento (último trimestre de 2024), pero en su caso tendrá que valorar la evolución de los precios energéticos y no de los errores tipográficos de interés.
pelea en los tribunales
El sector privado ha perdido la batalla legislativa. El Gobierno ha sacado adelante el impuesto en el Congreso y el Senado antes de concluir el año, como tenía previsto, para poder recaudar una parte ya el próximo febrero en función de los resultados de 2022. En su balance anual tras el último Consejo de Ministros , este martes, Pedro Sánchez defendió que estos tributos especiales “no son anacrónicos en el contexto europeo” y “gobiernos de distinto signo, nos solamente progresistas, sino también conservadores” han puesto en marcha iniciativas similares. El presidente marcó la creación de los gravámenes en la búsqueda de “un reparto equitativo de los costes” de la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.
Pero esos argumentos no convencen ni a bancos ni a energéticas, que han prometido dar la batalla en los tribunales. En el sector financiero, el más contundente sobrio si recurrirán el homenaje ha sido siempre María Dolores Dancausa, consultora delegada de Bankinter: “Lo haremos al día siguiente de pagarlo”, aseguró en un foro financiero en Madrid hace un mes. También se pronunció en esa línea en el mismo evento Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja. “Los tribunales nos darán la razón”, dijo.
Por el lado del sector energético, Iberdrola ha sido la más beligerante y ya en su última presentación de resultados trimestrales avanzó que recurrirán el impuesto: “Si finalmente se aplica, haremos lo que hemos hecho siempre en el pasado: acudir a los tribunales. Nuestros abogados van a trabajar de manera muy eficiente, como de costumbre, para defender a los accionistas”. Also fue tajante entonces el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar. tribunales españoles y europeos”, dijo en la última presentación de resultados de la compañía, cuando criticó principalmente que se gravan los ingresos y no el beneficio.
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