abril 14, 2024

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Huelga: Los Inspectores de Trabajo paran para exigir más personal: «Si somos imprescindibles tienen que fortalecernos» | Economía

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«¡Inspección, solución!», exclamó un hombre con un megáfono. «Yolanda [en alusión a la vicepresidenta Díaz], escucha, la Inspección está en lucha”; «en Inspección, explotación de heno». Lanza estas proclamadas frente a la sede de Inspección de Trabajo, en la Plaza de España de Madrid, donde este lunes se han manifestado colgante media hora unos 70 trabajadores para reclamar una mjora de sus condiciones laborales y un refuerzo de la plantilla. La protesta también fue convocada al resto de sedes de Inspección en España, repartidas por las capitales de provincia, y es la antesala de una jornada de Huelga este miércoles como la que ya tuvo lugar el 21 de diciembre (con un seguimiento de en torno al 80% según los sindicatos) y que se repetirá el 22 de febrero si no hay avances.

Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento de un acuerdo al que llegaron los sindicatos que representan a la plantilla y el Ministerio de Trabajo, departamento del que depende Inspección. Este texto, confirmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece precisamente estos objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. «Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación», especifica el texto.

Sin embargo, no hay avances desde entonces, explican los sindicatos, porque Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras acordadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada la Función Pública). El primero depende de Unidas Podemos y el segundo del PSOE. «El Ministerio de Trabajo nos largos da diciendo qu’está negociando con Función Pública, pero ya estamos en 2023 y no hay visos de cumplir el acuerdo. Esperamos que Trabajo dé un golpe en la mesa y haga cumplir ese acuerdo. Hay un Gobierno, no dos”, indicó Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS, UPIT y USESSS. “Si somos imprescindibles tienen que fortalecernos”, ha añadido Montero. Se convoca el paro del miércoles para todas las organizaciones sindicales, a diferencia de las finales de 2022, en el que no participarán UPIT, UGT y CSIF.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, preguntada por esta protesta, ha dicho este lunes: «Hay un debate en el seno del Gobierno respecto a esta cuestión, pero soy optimista y avanzaremos en las negociaciones». Yolanda Díaz también sostuvo que «la Inspección ha visto mejorar sus condiciones y su presupuesto de manera histórica en esta legislatura, cosa que no se había hecho nunca». El principal hito que defiende Trabajo como refuerzo a Inspección es la reciente contratación de 200 interinos para puestos técnicos y administrativos. Esas incorporaciones sirvieron para deconvocar un paro, pero la falta de déarrollo del acuerdo global reactivó las protestas. Fuentes de Función Pública inciden en el mismo mensaje que Trabajo y señalan que las plazas de oferta de empleo público se han duplicado en la última convocatoria con respecto a la anterior. También señalan que ya está en vigor una partida económica de seis millones de euros para incrementar la parte variable del sueldo, la correspondiente a la productividad.

“Necesitamos que se creen los puestos de trabajo, que se ordenen y que se dé contenido ellos. Hay personas cumpliendo funciones de jefatura y de coordinación que no tienen reconocido ese trabajo. Necesitamos una previsión de puestos que nos permisa dar un servicio en garantías en los próximos años”, comentó una de las manifestantes, Montse Valdés, Inspectora desde hace 29 años. Esta preocupación por el futuro de Inspección es una constante en el discurso de los trabajadores: «Cada vez hay más desafíos, nuevas formas de trabajo que tenemos que seguir vigilando. Pero la ansiedad y la carga de trabajo nos está desbordando. No tenemos medios técnicos ni humanos para hacerlo con dignidad», opina otra Inspectora, María de Mingo. Estos dos trabajadores consideran que las últimas noticias que han trascendido sobrio la labor de Inspección, como los 40.000 faux autónomos regularizados en 2022 ou la investigación a las grandes consultoras, demostrar que «la Inspección funciona». «Pero con nosotros ni una mala palabra ni una buena acción», añade De Mingo.

Según los últimos datos oficiales del ministerio, la Inspección de Trabajo cuenta con 2.968 empleados, de los que 2.873 son funcionarios de carrera. “Necesitamos en torno a 1.000 trabajadores más para desarrollar nuestro trabajo como debemos. Son necesarios unos 600 inspectores y subinspectores y el resto en personal técnico y administrativo. Ha habito muchas jubilaciones estos años sin que se haya reforzado lo suficiente la plantilla”, opina Cipriano Lara, técnico y administrativo de Inspección. «Somos muy pocos, si nos comparamos con otros países europeos», añade la inspectora María Foret. Fuentes sindicales apuntan que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que en Francia o Italia es por cada 5.000. La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo es que haya al menos uno por cada 10.000.

Díaz, sobre los 40.000 falsos autónomos regularizados: «No va a quedar nadie fuera de la ley»

Díaz ha celebrado este lunes que la Inspección de Trabajo regularizará 40.000 falsos autónomos en 2022, por lo que subrayó que «no va a quedar a nadie fuera de la ley en nuestro país». Díaz ha manifestado de este modo en el marco de un diálogo con jóvenes organizado por Ayuda en Acción. «Tenemos un abordaje completo hacia el principal problema del mercado de trabajo, que es la precariedad. Además, ha denunciado que la figura del falso autónomo elude el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, al tiempo que se vulneran los derechos de los trabajadores.

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