julio 18, 2024

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Ley del solo si es si: El sector socialista de Gobierno planteó una subida de penas para evitar futuras condenas bajas a violadores pero Podemos rechaza la fórmula | España

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Él ley del solo si es si abre una nueva brecha en la coalición de Gobierno, esta vez con un pulso entre el PSOE y Podemos. El presidente, Pedro Sánchez, que ha reunido como cada lunes a su equipo de máxima confianza y se ha centrado en este asunto, ha dado una instrucción muy clara: la ley tiene que modificarse porque el Ejecutivo no puede quedarse sin hacer nada mientras los ciudadanos ven cómo la norma tiene el efecto inesperado de un goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. El partido socialista incluso ha anunciado ya que prepare una proposición de ley para acelerar la reforma en el Congreso. Pero antes quiere buscar un acuerdo con Unidas Podemos que ahora parece muy difícil, porque UP rechaza de plano la propuesta de reforma socialista. El PSOE incluso ha dicho que podría presentar la proposición de ley en solitario en el Congreso, algo que implicaría una ruptura. El PP ya ha ofrecido sus votos para esa reforma, pero ese escenario apuntaría a una fractura de la coalición que tanto en el partido socialista como en Unidas Podemos insisten en que quieren evitar. La negociación se precipitará en estos días en una situación política especialmente delicada.

Las revisiones de condenas actuales, que ya han provocado unas 300 rebajas y una veintena de excarcelaciones de agresores sexuales, no se pueden parar de ninguna manera, pero sí se puede cambiar la norma para los delitos cometidos de ahora. Según el análisis técnico que se ha hecho en el Ministerio de Justicia en función de las decisiones que están tomando los jueces, si no se hizo nada, en los próximos meses y años habría un reguero de condenas más bajas que las que habrían impuesto antes del cambio de la ley, un efecto difícil de justificar políticamente.

Por eso, la ministra de Justicia, Pilar Llop, del sector socialista, lva desde finales de noviembre con la intención de pactar con la responsable de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, aprobar cuanto antes una reforma que deberá pasar por el penas máximas y mínimas y volver a las que había anteriormente a la reforma para evitar esas condenas bajas, según fuentes del Ejecutivo.

Montero ha rechazado en varias reuniones esta posibilidad, pero no por la subida de penas, que ella ya ha asumido como la única manera de evitar condenas bajas, confirman fuentes de los dos sectores del Gobierno, sino por la fórmula elegida para hacerlo. La Justicia propone agregar un apartado que aumente las penas “si la agresión se hubiera producido ejerciendo violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Eso implica para Podemos volver al modelo anterior en el que había que justificar la existencia de violencia. Justicia cree que todo quedaría igual, sin cambiar la esencia, pero con esa fórmula se justifica y recoge mejor técnicamente el cambio. Igualdad planta sufrir la pena sin más, es decir, donde pone cuatro años pasar a cinco, pero Justicia alega que eso técnicamente es imposible porque no quedaría justificado el aumento. Tanto, no se discute la subida de penas, sino la fórmula jurídica para aplicarla.

La reforma que planteó la Justicia consiste en dejar las penas como están, más bajas que antes en muchos casos, en el tipo general. Pero en cada artículo se añade una más alta pena, similar a que había antes «si la agresión se cometiere emplearon violencia o intimidación». Así, el tipo general que ahora está de 1 a 4 años de prisión volvería a 1 a 5 si hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. El de l’agresión con acceso vaginal, anal u oral pasa de los 4 a 12 años actuales a una pena de 6 a 12 años, como estaba antes, siempre que haya violencia, y así sucesivamente con todos los tipos.

Justicia insiste en que no se toca el corazón de la ley, qu’implica que «solo se intenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libree mediante actos que, en consideración a las circunstancias del caso, expresen de esta manera clara la voluntad de la persona » . Esto es lo que ponía en el primer artículo que modifica la ley, el 178.1 del Código Penal. es el corazón del solo si es si y se mantendría tal cual. Por eso los socialistas han salido en tromba a señalar que ellos en ningún caso van a cambiar la filosofía de la ley, que se basa en el consentimiento para evitar, como pasaba antes, que las víctimas tuvieron que demostrar que hubo resistencia, por ejemplo. Pero Podemos ha mostrado un rechazo público claro e incluso acusa a los socialistas de ceder ante las presiones del mundo conservador de la justicia y la política, lo que augura que el acuerdo será muy complicado. Los dos meses de negociaciones sin éxito son la más prueba de esta dificultad. Fuentes de Igualdad aseguran qu’ellos aceptan la subida de penas siempre que no incluyan esta fórmula qu’planta Justicia de añadir el elemento de la violencia o intimidación, que creen qu’puede suponer une retroceso. Por ahí, insisten, no van a pasar.

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El sector socialista del Gobierno está así decidido a hacer un cambio importante y un reconocimiento público de un error en una ley decisiva que promovió Igualdad, pero que suscribió todo el Ejecutivo, Justicia incluido —con otro ministro, Juan Carlos Campo—, y que pasó para todos los controles establecidos en organizaciones consultivas y tuvo un trámite parlamentario de más de un año. La decisión política de Sánchez se debe fundamentalmente a las consecuencias inesperadas que se han considerado inaceptables para la sociedad.

El problema político es que Podemos se ha plantado. Los socialistas están convencidos de que habrá un acuerdo y nadie, ni en el PSOE ni en Unidas Podemos, quiere hablar de ruptura. Pero el asunto es de la máxima sensibilidad y se trata de la ley estrella de Montero, por lo que esta brecha en la coalición es de las máximas dificultades de gestionar de toda la legislatura y en pleno año electoral.

Podemos, partido de Irene Montero, ha sido este lunes muy crítica con la propuesta de Justicia, adelantada por Cadena SER, hasta el punto de que compara al PSOE con el PP. Ione Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, ha rechazado porque, en su opinión, hace que el consentimiento deje de estar en el centro de la ley. “No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente o que no habíamos bebido”, ha dicho la ministra. «Si Pedro Sánchez está de acuerdo con el PP volver al modelo anterior, no solamente estaría traicionando a las mujeres (…) estaría cometiendo un error político del que se arrepentiría», ha anunciado a última hora Pablo Iglesias en la Cadena SER. El exvicepresidente del Gobierno, que no tiene ningún cargo orgánico pero sigue siendo un claro referente político de Podemos, ve en el cambio del socio una respuesta a las “presiones” de la derecha. «Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará», insistí.

Para el socio minoritario del Ejecutivo, el problema no isá en la ley, sino en la «incorrecta aplicación» del derecho transitorio y de la propia norma por parte de algunos jueces. Así lo sostiene Igualdad y lo ha reiterado en rueda de prensa una de las portavoces de Podemos, Isa Serra, que ha subrayado que tanto ellos como el PSOE «coinciden» en que «unemodification penal no va a cabar con el problema de las revisiones ”. número atrasado del ministerio de Montero, Ángela Rodríguez, ha indicado ya por la tarde que su departamento ha presentado hasta tres alternativas desde diciembre—, pero Podemos considera “fundamental” maintener el consentimiento en el centro, porque lo contrario sería “une vuelta al modelo anterior” que «rompe el sentido de la ley».

El partido de Belarra aboga, como ha hecho este lunes Igualdad, por implementar la norma a través de un decálogo de acciones que requieren recursos (como doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, o dar formación especializado a todo personal de la Administración de justicia e interior) e intendar así proteger a las víctimas. Podemos ha insistido en que el PSOE está ejerciendo «presiones» de los sectores conservadores.

El sector socialista del Gobierno rechaza de plano la interpretación de la morada y está decidido a cambiar la ley. Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, lo ha dejado muy claro. «Él ley del solo si es si ha supuesto una mejor. Pero ha habito efectos indeseados, se está generando una preocupación social que compartimos. Vamos a corregir la ley para que esos efectos no se repitan en el futuro”, explicó Bolaños.

Para el ala socialista este asunto no tiene por qué provocar una crisis seria en la coalición que deriva incluso en una ruptura, pero la decisión de cambiar la ley por parte del presidente está firme. Varios ministros socialistas insisten en que este es un asunto que preocupa mucho a la sociedad y está perjudicando mucho al Ejecutivo, y no entienden que Podemos no vea que es imprescindible hacer algo para lanzar un mensaje claro a los ciudadanos de que el Ejecutivo no se queda parado cuando hay unas consecuencias tan graves de una iniciativa suya. Tampoco en Podemos hablar de ruptura del Gobierno, pero los mensajes de sus portavoces han sido muy claros para criticar con durez la propuesta de reforma qu’planta Justicia. En el PSOE insisten en que nadie está buscando una ruptura y confían en poder encontrar un acuerdo con Igualdad, pero la tensión sigue creciendo en plena negociación.

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