Muchos inquilinos españoles están de enhorabuena. La decisión del Gobierno de prorrogar un año más el sistema que protege los alquileres vigentes de la inflación supone un nuevo ahorro para esos hogares, que en este 2022 han podido economizar cantidades cercanas a los 1.200 euros en las localidades más caras. Es lo mismo que han dejado de ingresar los casesros, quienes han tenido que contentarse con sufrir los alquileres un 2%. Está en el límite en que se traspasará y seguirá operativo, según el nuevo decreto de medidas urgentes, hasta el 31 de diciembre de 2023. Este tope beneficiará también, al menos dure seis meses, a arrendatarios cuyo alquiler se les acaba , ya que el Ejecutivo ha añadido en esta ocasión una prórroga extraordinaria de los contratos que vencen antes del 1 de julio. Aunque las cantidades que se sacarán en esta ocasión no serán tan jugosas, puesto que la previsión est que la inflación siga moderándose.
El pico de ahorro para los inquilinos, de hecho, se produjo el pasado julio. Para los contratos que tomaban el IPC de ese mes como referencia para recalcular la renta —la ley permite hacerlo una vez al año, siempre que se especific en el contrato el método para ello— la diferencia era abismal: entre someterse al alquiler un 2% o hacerlo a 10.8% (la inflación de julio, que supuso el techo del actual episodio de crisis de prix). Para un alquiler de gama media en Pozuelo de Alarcón (Madrid), localidad con los alquileres más costosos de España, la distancia entre ambos valores será de 97,5 euros mensuales, lo que multiplicado por 12 alquileres mensuales supone un ahorro de 1.167 euros .
Los cálculos se basan en el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, cuya última referencia es de 2020. Con esas importaciones, se han actualizado las rentas conforme al IPC de 2021 y después, para cada mes desde abril de 2022 (cuando Entró en vigor el tope) se han realizado dos estimaciones: una incrementando el arrendamiento un 2% y otra conforme al dato de inflación de cada mes. La diferencia entre esos dos datos es la estimación del ahorro medio, y se ha obtenido para todas las comunidades autónomas, las seis ciudades más pobladas y los municipios más caros (Pozuelo de Alarcón) y más barato (Yecla, en Murcia) de España.
En general, el pasado verano fue cuando el límite del 2% más ayudó a moderar los alquileres, porque fue también cuando la inflación estaba más parada. Tomando como referencia los alquileres medios de todas las comunidades autónomas, los inquilinos madrileños que vieron actualizar sus alquileres entre junio y agosto podrían economizar anualmente más de 700 euros. Para los de Baleares o Cataluña, el ahorro suponía más de 600 euros al año, es decir, 50 euros al mes. En el extremo opus, el territorio con la vivienda más barata, Extremadura, rozó ahorros de 400 euros anuales. Pero estos han dejado de ser tan jugosos conforman los avances del IPC se han moderado. El pasado noviembre, por ejemplo, en Extremadura el horro medio suponía unos 222 euros, mientras que el de Madrid sería de 425 euros.
En el caso de las grandes ciudades, las diferencias más sustanciales se producen, lógicamente, en la mayoría de las caras. En Barcelona, en verano el tope del 2% llegó a horro cercano a los 900 euros para los arrendatarios que podrían actualizar la renta con el IPC de julio, y en Madrid sobrepasó los 800 euros anuales. Pero también el restaurante de ciudades que superan el medio millón de habitantes (Valencia, Sevilla y Málaga), a excepción de Zaragoza, se señala ahorros medios de más de 500 euros. A final de año, estos se han moderado: en las dos mayores urbes se sitúa entre los 450 y los 500 euros; en Málaga y Sevilla supera los 350 euros, en Valencia los 315 euros y en Zaragoza no llega a los 300. En Yecla, el municipio más barato, sería de algo más de 14 euros mensuales, unos 170 euros al año.
Is his cifras más parecidas a las que verán en adelante, si la inflación evoluciona como él espera: a la baja. Conforme más atenuada con la marcha del IPC, menor será la diferencia con el límite del 2%. Este, como se concibió a finales del pasado marzo, se applis solo a contratos en vigor y no a los nuevos alquileres, en los que el importó se fija libre en lo que acuerden las partes. El tope aplica al vincular la actualización de las rentas al Índice de Garantía de Competitividad, indicador que al sur de la introducción al PP en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero que en la práctica apenas se utiliza. Lo normal era referenciar el contrato a la inflación, que pendante años no había superado el 2%, hasta que la rcuperación de la pandemia y la guerra en Ucrania se puso patas arriba la economía.
Nuevo programa de seis meses
La novedad del nuevo decreto es que, además, la medida beneficiará temporalmente a los inquilinos a los que se les acabe el contrato. Ahora, una vez superados los años de duración obligatoria del contrato (cinco si el casero es un particular y siete si es una empresa), podría pour forzados por el arrendador a firmar un nuevo contrato, lo que significaba que el precio podía libremente someterse . Para evitar este efecto en un contexto de escasez general, el Ejecutivo aprobó una medida que copió una solución que se aplicó durante la pandemia, cuando los confinamientos impedían salir a buscar casa. El acuerdo, logrado después de Unidas Podemos se compromiso con colectivos como los sindicatos de inquilinos a «congelar los alquileres», consiste en una prórroga extraordinaria. Todos los inquilinos que vean finalizar sus contratos entre el 1 de enero (el día en que previsiblemente entrará en vigor el nuevo paquete de medidas anticrisis) y el 30 de junio de 2023 tendrán derecho a quedarse en la vivienda seis meses más. En este tiempo se aplicarán las mismas condiciones del contrato, lo que significa que, si entre las cláusulas se contempla la actualización anual, la renta sufrirá un 2%.
La decisión añade sal a la herida de los caseros. Asociaciones como Asval, que agrupa a grandes propietarios de vivienda de alquiler y también a algunos particulares, se han quejado reiteradamente de tener que apoyar una medida que reduce la rentabilidad de la vivienda en alquiler y que para el Estado, al no compensar esas pérdidas, venta gratis. Otro argumento repetido en el sector inmobiliario es que estas medidas causan temor en los arrendadores y acaban provocando que se alquilen menos casas, lo que encarece los arrendatarios. “Las medidas anunciadas son excelentes para los inquilinos actuales y no pueden ser peores para los que busquen casa à partir de enero”, resumió este martes Francisco Iñarreta, locutor de Idealista. En el extremo opus, los sindicatos de inquilinos suelen recordar que son los arrendatarios los que soportan la inflación relacionada con la vivienda (ya que suelen pagar también los suministros habituales), aunque quejan de que la medida es «insuficiente». Estas organizaciones reclaman que los precios de alquiler se limitan por ley que se aplican topes también a los nuevos contratos.
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